SCZ 05-09-2022
Teniendo en cuenta que el 11 de julio se cumplieron 10 años desde la promulgación de la Ley 259 de Control al Expendio de Bebidas Alcohólicas, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) desarrolló un conversatorio, en el que se realizó un diagnóstico de la norma vigente, oportunidad en la que se criticó a la burocracia en la emisión de licencias de expendio de bebidas alcohólicas y su eficacia en la reducción de delitos.
Jean Pierre Antelo, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), sostuvo que el encuentro tiene por objeto analizar la normativa, y establecer un planteamiento técnico que mejore su eficacia.
La actividad se llevó a cabo en instalaciones de la Cainco, participaron el presidente de la Cámara Gastronómica de Bolivia, Fernando Medina, el presidente de la Cámara Departamental de Hotelería de Santa Cruz, Marco Antonio Cortéz, quienes manifestaron las trabas burocráticas y los obstáculos que las empresas de sus gremios deben superar al momento de tramitar las licencias de funcionamiento de expendio de bebidas alcohólicas.
La situación fue ratificada por la Cervecería Boliviana Nacional con la participación de su director de Asuntos Corporativos y Legales, Ibo Blazicevic, y de Luis Pablo Granier, gerente general de D&M Ltda., y Singani Casa Real.
Los participantes consideran que la Ley 259 es laxa, al no establecer las directrices procedimentales para la otorgación de las licencias de expendio. Esta ley faculta a los municipios para que definan los procedimientos de obtención de licencias, que pueden variar en cada uno de los 340 municipios bolivianos, donde algunos establecen normas burocráticas (como en Santa Cruz de la Sierra y Oruro) o moderadas (como Cochabamba y La Paz).
De igual modo, se enfatizó en que es necesario categorizar y regular los sitios de expendio de bebidas alcohólicas en cuanto a los límites de distancia entre locales con las infraestructuras educativas, deportivas y de salud. Al extremar las limitaciones con el criterio de distancia puede inducirse a una comercialización clandestina de bebidas alcohólicas en las zonas restringidas.
En cuanto a la reducción de delitos, se concluyó que un esfuerzo orientado a regular la actividad comercial formal, sin considerar la actividad informal y el contrabando, que tampoco establece políticas de educación y prevención relacionadas al trabajo social en hogares y escuelas, no puede pretender reducir los índices criminales por sí solos.
Finalmente, el diagnóstico demostró que la legislación boliviana debe aplicar políticas públicas educativas que orienten el consumo moderado de bebidas alcohólicas. En este sentido, en lugar de disponer de reglas que establezcan impedimento a los emprendimientos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, a través de engorrosos trámites para la obtención de licencias, el Estado y los municipios deben formular programas de prevención y consumo moderado de bebidas alcohólicas.
Por estos motivos, se estableció que una nueva ley es necesaria, para unificar los procedimientos en la obtención de licencias de expendio. Mientras los municipios trabajan de forma paralela para establecer criterios más claros que eviten el expendio clandestino e ilegal de bebidas alcohólicas, logrando un mejor control y precautelando por la salud pública de la población.